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Acuerdo de Escazú: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Actualizado: ago 3

El “Acuerdo de Escazú”, es un tratado ambiental circunscrito a la región de América Latina y el Caribe; basado en el principio 10 de la Declaración de Río reconoce tres derechos democráticos fundamentales, el acceso a la información, la participación pública y losmecanismos de acceso a la justicia cuyo propósito es garantizar disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Reserva nacional de Tambopata. Foto créditos: Vanessa Bolivar


Este acuerdo entró en vigencia el 22 de abril del 2021 al contar con la ratificación de los países de Bolivia, Guyana, Uruguay, Panamá, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía; un tratamiento jurídico necesario por las consecuencias del sistema extractivo que posibilitará acelerar la transición a un modelo de desarrollo más sostenible, justo y democrático.


Sin embargo, el pre dictamen para la no ratificación del acuerdo en Perú fue aprobado, siendo archivado en la Comisión de Relaciones de Exteriores con 09 votos a favor, 03 en contra. Entre sus argumentos se mencionó: la supuesta pérdida de soberanía en materia de administración de justicia, la innecesaria aprobación al contar en nuestra normativa con derechos reconocidos en el Tratado, las erogaciones económicas del Estado Peruano para su implementación, entre otras afirmaciones.


MITOS SOBRE EL ACUERDO DE ESCAZÚ


Alrededor del acuerdo de Escazú, se han creado diversos mitos que han generado temor a la ciudadanía sobre su ratificación. A continuación un resumen de estos mitos y la respectiva realidad que desmiente los mismos.


Tabla 1. Mitos y realidades del Acuerdo de Escazú. Fuente: Elaboración propia

VIOLENCIA CONTRA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS AMBIENTALES


La Región de Latino América fue considerada la más peligrosa en el 2019; un estudio registró 148 muertes de defensores. Debido a la pandemia, aumentó la cifra por las actividades extractivas de minería ilegal, narcotráfico, tráfico de madera y tráfico de tierras en la cuenca amazónica. En un informe se registra la cifra de 202 defensores asesinados en países como Colombia, Brasil, Perú y Bolivia durante el 2020; por ese motivo, las organizaciones amazónicas mediante un comunicado declararon en emergencia los derechos humanos de los defensores y defensoras en la Amazonía; asimismo, solicitaron a los países de la cuenca amazónica ratificar y priorizar la implementación del Acuerdo de Escazú.


Durante el transcurso de este año, cuatro defensores han perdido la vida en el Perú; Herasmo García, Yenes Ríos, Estela Casanto y Mario López. Esta situación se agrava con los recientes casos de injusticia ambiental; en Cajamarca, dos defensores fueron condenados por el delito de difamación en contra de la empresa minera informal Pauco Dorado E.I.R.L. y, en Loreto, Lucila Pautrat fue sentenciada por difamación agravada contra la empresa Tamshi.


Además, el Acuerdo de Escazú permitiría mejorar la actual Ley de Consulta Previa N° 29785, la cual es cuestionada por las organizaciones indígenas; en su artículo 9° de la ley en mención, evalúa el petitorio de ciertas medidas administrativas y legislativas, restringiendo una consulta previa general; contraviniendo lo establecido en el artículo 6° del Convenio 169. Del mismo modo, en un informe, se señala la afectación del Proyecto Legislativo 5424, por ser un proyecto inconsulto que pone en riesgo la subsistencia de su autonomía organizativa, identidad cultural y jurisdicción indígena al crearse grupos paramilitares dentro de los territorios indígenas, armando a los Comités de Autodefensa financiados por el Estado y peligrosamente también, de privados.


Más de 100 organizaciones indígenas, amazónicas, campesinas, afroperuanas y ambientalistas, solicitaron se discutan 12 proyectos a favor de la democracia y gobernanza ambiental; sin embargo, la Junta de Portavoces en el Congreso de la República del Perú votó en contra de la realización del Pleno Ambiental y de Pueblos.


Entre los proyectos sin discutirse tenemos, el Proyecto de Ley (PL) 4044, que modifica la actual Ley PIACI (N° 28736) al garantizar una real intangibilidad y protección en los territorios donde viven 7 mil indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial; el PL 6935 que propone la Ley de Transición ecológica y declara en estado de emergencia climática para el país; el PL 6240 que garantiza el funcionamiento de las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas ante la pandemia del Covid- 19 y garantiza la democracia interna en las comunidades originarias y ronderiles; el PL 1513 que fortalece el régimen jurídico sobre pasivos ambientales del sector hidrocarburos; el PL 6447 que establece acciones prioritarias para proteger determinadas especies forestales provenientes de bosques amazónicos; el PL 6699 que reconoce y refuerza la personalidad jurídica de los pueblos indígenas; entre otros. De este paquete ambiental, solo se debatió en el pleno del congreso la Ley 6957/2020 que reconoce los derechos de la Madre Naturaleza, los ecosistemas y las especies, con el fin de incrementar las medidas de protección de los mismos; siendo rechazada por varios congresistas, uno de ellos, Fernando Meléndez rechazó la propuesta por ser "Un Escazú camuflado", utilizando tal símil como si se tratase de un Acuerdo en contra de las inversiones privadas.


Foto Créditos: Facebook de Yaquemilsa Matiashi

Al respecto, Yaquemilsa Matiashi, representante de la Asociación Joven Megantoni en una entrevista, nos muestra su decepción ante el rechazo del Pleno Ambiental y Pueblos; “...los pueblos indígenas se sienten muy decepcionados por esta decisión, inclusive cuando ellos se han comprometido, ya no nos dan esperanza, nosotros no les importamos, nos han traicionado”; asimismo, ella considera que, “El Acuerdo de Escazú se nos negó, siendo importante para obtener información eficaz para que estas grandes empresas cumplan, los pueblos indígenas existen, yo soy una indígena de la etnia machiguenga y, así como yo hay muchas más poblaciones indígenas abandonadas, me duele mucho que digan que no existimos; los pueblos indígenas estamos en primera línea luchando por nuestro territorio. Las empresas están contaminando la Amazonía; el narcotráfico está matando a nuestros líderes”.


La justicia ambiental es una exigencia de defensores ambientales señala Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión en la Reserva Nacional de Tambopata; en una entrevista nos recuerda el asesinato de Alfredo Vackro en el 2015 por defender sus bosques, el cual quedó completamente impune en el mismo departamento de San Martín, el defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco en el 2020 fue asesinado; tras algunas investigaciones se detectó a los presuntos responsables y el juez les asignó comparecencia simple, lo que originó la fuga de los inculpados. Zambrano, nos afirma que, el artículo 9° del Acuerdo de Escazú se relaciona exactamente con los defensores ambientales; entonces, “es una herramienta que nos va a permitir comunicar y articular todo lo que en realidad se está haciendo, teniendo una base para que los defensores sean protegidos”; además, señala que “es necesario insistir una vez más en la próxima legislatura, porque las observaciones para no aprobar este Acuerdo ha sido la ignorancia extrema”.

Foto créditos: https://elcomercio.pe/somos/historias/tambopata-la-campana-que-contribuye-a-reforestar-la-reserva-natural-de-tambopata-y-todos-podemos-colaborar-mineria-ilegal-noticia/


AVANCES POR LA PRESIÓN CIUDADANA


El Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Perú, aprobado como decreto supremo el 22 de abril de 2021, garantiza un avance al establecer medidas de prevención, protección y acceso a la justicia; una herramienta intersectorial vinculada a ocho ministerios.


De igual modo, el Ministerio de Ambiente ha creado una Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA), cuya función se entrelaza a coadyuvar en la implementación de las medidas de reconocimiento y protección de los defensores ambientales que contribuyan en la formulación de recomendaciones específicas orientadas a la prevención de los delitos e infracciones ambientales, entre otras encargaturas necesarias, para asegurar la justicia y una mejora en la actual gobernanza ambiental.


PLATAFORMA CIUDADANA “ESCAZÚ JOVEN”


La sociedad Civil en la Plataforma de “Escazú Joven”, es una plataforma conformada por 38 organizaciones que representan a 1300 jóvenes en todos los departamentos del Perú y, continúa organizándose con proyectos educativos sobre el Tratado, reuniendo a organizaciones de todo el país con el objetivo de lograr la ratificación en la próxima legislatura. En un informe, la plataforma reconoce la importancia del Acuerdo de Escazú, que apunta a fortalecer el sistema legal, en concordancia con las políticas de gobierno y la representatividad de una generación que tarde o temprano enfrentará los efectos de la crisis ecológica.


Finalmente, el Acuerdo de Escazú es una exigencia de los pueblos indígenas, campesinos, amazónicos; su reconocimiento es un paso trascendental para la protección de quienes dan su vida por la madre tierra; viabilizar sus demandas y ejecutarlas debe ser una prioridad para los gobernantes. Al fundarse el Acuerdo se buscó, desde un principio, la reivindicación de los más desposeídos y, la búsqueda incesante de la justicia social y climática: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.



Sobre el autor:


Maria Grazia Campos Veintemilla es voluntaria de generación de contenido e investigación en el Centro de Innovación Climática y Sostenibilidad. Es a su vez practicante Pre profesional de Derecho en la Universidad César Vallejo, representante de La Libertad en el Grupo Impulsor de la Comisión Nacional de Cambio Climático y miembro de la Plataforma de Escazú Ahora Joven. Sus campos de interés son la gobernanza por el agua, cambio climático y derechos de los Pueblos Indígenas.





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